Resumen
El presente artículo se basa en un estudio del Programa de Vivienda Progresiva (PVP) implementado en la V Región (1990-1994), referido a las relaciones entre los actores de la sociedad civil y los estatales. Considerando que una de las principales innovaciones de este Programa es la relevancia asignada a la participación de la comunidad y de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs); el análisis se focaliza en las relaciones existentes entre ambos actores y el Estado. A través del estudio se pudo constatar que los objetivos respecto a la participación, se cumplen mejor en las segundas etapas (ampliación y mejoramiento de la unidad construida) que en las primeras (dotación del sitio urbanizado y de una unidad baño-cocina). En estas últimas, los usuarios no tienen grandes opciones en la toma de decisiones. Por otra parte, las situaciones más críticas se relacionan con la falta de compatibilidad entre un programa de vivienda mínima y las estrictas exigencias técnico-burocráticas de la legislación urbana existente. El logro más significativo, atribuible al programa, es el grado de organización demostrado por las comunidades involucradas, en su interacción con las ONGs y el Estado.