Resumen
Durante los últimos años se ha desarrollado una nutrida jurisprudencia de sentencias de protección relativas a desvinculaciones de funcionarios públicos que, además de declarar ilegales o arbitrarios los actos administrativos impugnados por los actores, han ordenado pagar las remuneraciones que se hubiesen devengado en su favor de no haber sido separados de sus cargos. Al disponer una reparación pecuniaria, ello contraría lo tradicionalmente definido por los tribunales y la doctrina como pretensión posible de un actor de protección. En el texto se indagará si esta innovación jurisprudencial es compatible con un procedimiento sumarísimo como el de la protección o si, por el contrario, cabe enjuiciar críticamente la última jurisprudencia.