EXPOSICIÓN DE FRANCISCA ASTABURUAGA
La infraestructura pública al servicio de territorios y comunidades urbanas puede entenderse como la complementación de tres ámbitos principales: a) infraestructura habilitadora de territorio (conjunto de redes y sistemas que transforman el territorio en un espacio habitable para una comunidad urbana: energía, telecomunicaciones, digitalización, aguas urbanas y otros), b) infraestructura de movilidad y transporte (conjunto de elementos que organizan el sistema de movilidad multimodal de personas y bienes en una ciudad: veredas, ciclovías, autopistas, aeropuertos, Metro y trenes, centros de logística y otros) y c) infraestructura social (equipamientos y espacios que soportan las funciones sociales, ofreciendo servicios fundamentales a las personas: educación, salud, seguridad, deportes, recreación y otros).
La infraestructura urbana debe además concebirse como catalizador del desarrollo territorial, el bienestar humano y la cohesión social; por la envergadura de este cometido, también la infraestructura urbana está ligada a principios que deben regir el desarrollo de todos sus tipos de obras:
- Equidad: obras que permitan avanzar a una mayor equidad territorial
- Prosperidad: inversiones que generen claros beneficios públicos y económicos, creando ventajas competitivas percibidas y valoradas por las personas
- Sostenibilidad: entender las infraestructuras como operaciones medioambientales que se integran adecuadamente en su contexto urbano y natural
- Participación: incorporar a la ciudadanía, al sector inversionista privado y a todos los actores involucrados en las infraestructuras urbanas
- Transparencia y responsabilidad: incorporar procesos que permitan medir, cuantificar y comunicar el impacto económico y social de las infraestructuras en el territorio urbano.
Dicho lo anterior, y avanzando hacia acciones prioritarias, creo que es indispensable focalizar la inversión en la superación de las brechas urbanas, especialmente en los sectores más vulnerables, generando estrategias coordinadas entre ministerios, gobiernos regionales y municipios, que permitan dar solución a problemas urgentes como, por ejemplo, el acceso a servicios básicos.
Es necesario priorizar infraestructuras que construyan equidad territorial distribuida, creando bienes públicos, espacios comunitarios, equipamientos e infraestructuras sociales, avanzando en la implementación de la ?ciudad de 15 minutos? como objetivo orientador, generando multifuncionalidad local a partir del mejoramiento de los barrios. Aquí caben iniciativas que van desde el mejoramiento de veredas hasta canalización de las aguas lluvia; en suma, el conjunto de redes y sistemas que transforman el territorio en un espacio habitable para una comunidad urbana. Es importante incorporar variables de cambio climático en la definición de las futuras obras de manejo de riesgos e inundaciones; fomentar la inversión en conectividad digital; y garantizar la resiliencia y seguridad del suministro energético, entre otras.
Otro ámbito esencial para disminuir las brechas es el transporte: promover un mayor uso de modos de transporte sustentables; mejorar el estándar de la infraestructura de micro movilidad de los barrios; impulsar proyectos que consoliden redes de transporte público sostenibles y multimodales; mejorar la integración de la infraestructura de transporte logístico a la operación y vida diaria de las ciudades e incorporar criterios de inclusión en el diseño de toda infraestructura de movilidad y transporte.
Para que todas estas tareas se puedan abordar, es importante perfeccionar el gobierno regional para que tenga las atribuciones que se necesitan y podamos transformar a los municipios en gestores, como ocurre en otras partes del mundo, donde tienen mucha más capacidad de incidir en sus territorios y de convocar al mundo privado e inventar negocios conjuntos, en pos del bien de las comunidades.
En cualquier caso, y observando más en general el tema de este encuentro, creo que deben mantenerse en mente aspectos claves, como el traspaso de las decisiones a los territorios; el escalamiento en la capacidad de gestión de los municipios; la coherencia y la política urbana de la ciudad que incluye a las comunas; y, en especial, la apertura a nuevas formas de trabajo en los territorios y nuevos tipos de gobernanza.