EXPOSICIÓN DEL MINSTRO DE HACIENDA
MARIO MARCEL
La acumulación sistemática de ciertas cosas a través del tiempo es un factor subestimado y si no lo consideramos en el diseño y ejecución de las políticas públicas es poco lo que se avanza. El levantamiento de nueva infraestructura de uso público requiere precisamente de permanencia y continuidad en el tiempo, y resulta una condición básica de su desarrollo. En este sentido, quiero destacar la contribución del CPI al enfoque correcto de este tema y a su propuesta sobre la necesidad de formulación de planes a más largo plazo y de mayor trascendencia.
Sabemos que los proyectos de infraestructura toman tiempo en madurar y ejecutarse, lo que por cierto ocurre con o sin el asunto de la permisología, al que me referiré más adelante. En el gobierno estamos atentos a una visión de más largo plazo y donde el énfasis radique en los proyectos mayores; de no ser así, y concentrándonos básicamente en proyectos menores, estaríamos perdiendo el impulso sobre los proyectos más estratégicos.
Hay que agregar que el tiempo necesario para la ejecución y operación de los proyectos mayores supera normalmente el tiempo de los períodos de gobierno. Por lo tanto, se requiere una mirada de mediano y largo plazo -que trascienda al gobierno de turno- para analizar los méritos y prioridad de cada proyecto. Esta idea lógica, sin embargo, se contrapone muchas veces con los deseos de los gobiernos de ver concretadas las diferentes obras durante su mandato, y tienden a privilegiarse aquellas -mayores y, sobre todo, menores- que sean percibidas como el resultado de su gestión. Una consecuencia de todo esto, vinculado también con la permisología, es que hoy en día resulta mucho más difícil identificar proyectos más grandes y más emblemáticos.
En la creación de nueva infraestructura no está solo la que depende de la inversión pública. También están las obras de infraestructura que se levantan desde el sector privado. Y aquí hemos tomado algunas medidas, por ejemplo, en el tema tributario. Así, en el caso de los proyectos más grandes y de largo plazo, y que van a tomar un tiempo más prolongado en generar renta, es decir, no la van a producir en los primeros años durante su construcción, las empresas a cargo de las obras tendrán acceso a un crédito tributario. Los conocidos impactos positivos de los proyectos de gran magnitud, como el efecto multiplicador sobre la actividad económica y el empleo se verán potenciados.
Vamos a los temas de permisología, que nos preocupan a todos. Lo primero que hay que decir es que no basta con tener una oficina encargada de agilizar los asuntos de trámites, aprobaciones, permisos y otros, los que retrasan y complican los proyectos e inversiones en los diferentes sectores; en especial, que impactan en la inversión de grandes obras de infraestructura. Porque aquí se trata de lidiar con un bosque frondoso de variedad de permisos y atribuciones que, como se dijo, dificultan la identificación de grandes proyectos.
Veamos algunas medidas. Respecto de los temas medioambientales, creemos que hay que reformar la Ley de Medioambiente, eliminar la participación de Comité de Ministros en esta materia, adelantar las consultas ciudadanas, dinamizar la actividad desde las regiones en los nuevos proyectos. En fin, se trata de reestructurar el tratamiento del tema medioambiental en un escenario de fondo donde disminuya sustancialmente el tiempo que recorre un proyecto para su evaluación y resolución.
Están los temas de concesiones marítimas y hallazgos arqueológicos, los que tienen detenidos muchos proyectos. El Ministerio de Economía está trabajando el conjunto de autorizaciones sobre estos asuntos y otros. Esto indica nuestro compromiso con avanzar en esta materia.
Lo que pretendemos, finalmente, es conseguir un logro relevante en el tema de la permisología, lo que sintetizamos en disminuir en un tercio el tiempo de tramitación de los grandes proyectos de inversión.
Ahora, la frondosidad a que me refería es una consecuencia de que no tenemos una verdadera política regulatoria. Las regulaciones vienen de distinto lado y no hay una visión de conjunto, mientras las evaluaciones se realizan en diferentes organismos. Un estudio recomendaba la creación de una agencia de calidad de políticas públicas donde quedara radicada la política regulatoria. Es una idea que conviene tener presente.
Por otro lado, debemos sistematizar el aprendizaje de la que ha venido ocurriendo en el último tiempo en el sector de la construcción e infraestructura. Observamos aumentos de costos, restricciones financieras y dificultades en el acceso al crédito, quiebras de empresas y abandono de obras; retomar las obras toma tiempo y hay que avanzar en actualizar los contratos.
La agenda hacia adelante debe considerar desde lo más concreto hasta la visión de largo plazo. El tema de acumular capital de experiencias y procesos hace una enorme diferencia. Quiero subrayar que el trabajo y contribución del CPI y sus propuestas con sentido estratégico y mirada de largo plazo representan un aporte significativo a este gobierno y a los gobiernos que vengan.