EXPOSICIÓN DE CARLOS CRUZ
La creación de un Comité Asesor de alto nivel para el desarrollo de la infraestructura en el país es una idea que ha sido analizada por diversas entidades, en particular y en extenso por el CPI, y finalmente ha sido acogida por la actual administración. Así, el Pacto Fiscal que se debate en estos momentos incluye una propuesta avanzada sobre este Comité y cuyos contornos más precisos están en proceso de definición.
El desafío de alcanzar resultados de mayor alcance en el desarrollo de la infraestructura pasa por identificar y superar insuficiencias arraigadas que se resisten a dar paso a estrategias más apropiadas que incorporen principalmente dimensiones de planificación y enfoque integral. Desde el CPI hemos recabado los principales factores que obstaculizan tal objetivo; la falta de coordinación a nivel del Estado y sector público es una materia que sobresale, no siendo en todo caso la única falencia importante. La falta de visión de conjunto y de planificación, por su parte, son temas mayormente ausentes.
Podemos presentar, a manera de diagnóstico de nuestra propuesta, una lista de problemas identificados:
- Dificultad para encontrar una planificación integrada y sostenida en el tiempo
- Diferentes horizontes de planificación y falta de criterios de decisión compartidos
- Ausencia de una instancia de intercambio de puntos de vista sobre el futuro del país
- Discontinuidad de las coaliciones gobernantes y falta de coordinación
- Débiles esfuerzos de planificación sectorial y falta de integración entre entidades
- Políticas sectoriales parciales con falta de visión integrada y que no se sostienen al cambiar el ciclo político
- Diferencias en los planes estratégicos de las empresas del Estado
Hemos tenido propuestas previas en materia de planificación de infraestructura, las que coinciden en sus aspectos principales:
- Propuesta de la Comisión Nacional de Productividad:
Crear una Comisión de Infraestructura para asesorar en el desarrollo de infraestructura pública. Proponer estrategias y visión de largo plazo.
- Propuesta Consejo Empresarial-Alianza del Pacifico: "Institucionalidad y gestión de proyectos de infraestructura pública":
Crear una unidad asesora de la máxima autoridad política del país. Integrar a personas con experiencia en infraestructura.
- Sugerencias realizadas por organizaciones internacionales como OCDE y BID:
Formular una visión de largo plazo y objetivos de desarrollo. Advierte que la asignación de recursos se ve afectada por diferentes contingencias.
Por otra parte, y como factor a considerar dentro de la cultura institucional del país, existe un conjunto de organismos asesores en distintos ámbitos. Podemos nombrar a los siguientes: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Consejo Nacional de Desarrollo Territorial; Consejo Fiscal Autónomo; Comisión Nacional de Evaluación y Productividad; Comité Financiero; Consejo Consultivo Previsional; Consejo Superior Laboral; Comité Consultivo del PIB Tendencial; Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre; Consejo Consultivo de Conalog. No es novedad entonces que se levanten propuestas, la que veremos del CPI entre otras, para la creación de una comisión asesora en materias de infraestructura de uso púbico; existe esta clase de comisiones en Australia (Infrastructure Australia), Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, entre las más reconocidas.
En general, las comisiones existentes en el país están restringidas a sus temas sectoriales, aunque también algunas de ellas intentan desarrollar un enfoque más integral, particularmente aquellas cuya labor involucra aspectos prospectivos y estratégicos (tecnología, productividad, trabajo).
Creo que resulta muy pertinente destacar las buenas prácticas identificadas en los proyectos de inversión de infraestructura pública, las que contrastan con las insuficiencias señaladas anteriormente:
- Importancia de establecer procesos de planificación adecuados y largo plazo
- Visión estratégica y asesoramiento experto
- Coordinación de proyectos de magnitud significativa; reporte y seguimiento de proyectos.
- Mejora en la entrega de servicios y optimización del ciclo del proyecto
Nuestra visión de la organización y forma de trabajo del Comité sigue el siguiente diseño:
- Presidencia de la Republica | Ministerios | Gobiernos Regionales
?- Comisión Asesora Independiente de Infraestructura (Directorio - Consejo Consultivo - Unidad Ejecutiva)
Entendemos que las funciones del Comité están enmarcadas dentro de los siguientes criterios rectores:
- Enfoque de largo plazo dentro de una estrategia-país
- Integración de la planificación de ministerios, empresas públicas, gobiernos regionales y municipio
- Labor dentro de un Plan Nacional de Infraestructura a 25 años y con revisión/adaptación cada cinco años. Debe contemplar disponibilidad, urgencias, brechas, prioridades de inversión social y productiva, identificación de materias que limitan o promueven la entrega efectiva
- Asignación por instrucción del Presidente de la República a los ministerios (vinculante)
- Monitoreo, seguimiento y control del Plan
- Reporte permanente al Presidencia de la República, Congreso Nacional y Hacienda
- Información oportuna hacia la comunidad
Quiero despejar desde ya que la creación de un Comité de Infraestructura con estas características y funciones enfrenta algunas primeras preguntas complejas sobre su condición institucional/legal -nuestra preferencia es que sea creado por ley, para asegurar su validación y estabilidad-, sobre su dependencia, sobre quién es el jefe y sobre cuál es su valor agregado. También, sobre la forma en que podría administrar y conciliar su autonomía e influencia, un aspecto nada de fácil en el área pública, agregando injerencias posibles en temas de permisos, impactos en el territorio, entre otras materias sensibles. Son asuntos que desde el CPI y nuestra propuesta los hemos considerado, estamos conscientes de su carácter crucial y los observamos atentamente. Este encuentro tiene por objeto seguir aclarando tales aspectos, y otros relevantes, para una iniciativa de este alcance.
El Comité propuesto está integrado de la siguiente forma:
- Directorio de siete profesionales seleccionados por Alta Dirección Pública, con renovación cada seis años intercalados
- Presidente del directorio nombrado por el Presidente de la República
- Consejo Consultivo compuesto por ministerios ejecutores y gobiernos regionales
- Secretaría técnica permanente, con profesionales expertos