EXPOSICIÓN VALENTINA DURÁN
Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Se destacó que han estructurado una gestión basada en el diálogo con todos los actores que participan de la evaluación de impacto ambiental: los gremios, las comunidades, las ONG, entre otros. El papel del Servicio se agregó, finalmente es un desafío fundamental para la generación de confianza y se trata, primeramente, de asegurar una evaluación técnica y de excelencia.
Otro desafío, es la implementación del Acuerdo de Escazú, el que está vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de Naciones Unidas y que tiene que ver con instituciones sólidas y justas para la paz; cuando se trata de asegurar el ejercicio de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos medioambientales, de lo que se habla es de creer en nuestras instituciones y en los mecanismos formales, también desde la perspectiva de la inversión. El factor internacional, se destacó, ha ido siempre presionando y generando los consensos políticos para el desarrollo de la institucionalidad ambiental. Nos hemos comprometido como país a no retroceder en los estándares ambientales.
Un tercer desafío, explicó Durán, es la incorporación del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, asunto que quedó establecido en junio de 2022 con la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático; lo que conllevó, que de forma expedita se sacara una guía metodológica para esta materia, la que entrega certezas adicionales. La directora ejecutiva aclaró que la Ley de Bases del Medio Ambiente le otorga una lista muy corta de funciones al Servicio frente a lo cual resulta deseable disponer de más herramientas; lo que es parte de la discusión que se está dando en el Congreso.
El SEA se encarga de gestionar la información que debe ponerse a disposición del público respecto a las líneas de base de los proyectos, pero no de la línea de base ambiental, ya que esa es una responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente. Además, se destacó que el SEA tiene la competencia de proponer la simplificación de trámites, lo que constituye su única instancia de participación en el diseño de políticas públicas, dado que su rol principal es ejecutar dichas políticas. Por otro lado, la tarea de uniformar criterios recae en esta entidad, lo que refuerza la idea de que el SEA ostenta la rectoría técnica exclusiva en la evaluación de impacto ambiental. "Es tanto una afirmación como un deseo", concluyó la directora ejecutiva.
La legislación ambiental también ha ido evolucionando, se señaló, a pesar de que todavía hay muchas áreas en las cuales no existe regulación, por ejemplo, en normas de suelo o en materia de pasivos ambientales. Pero, igualmente, en el último tiempo ha habido avances considerables: entre otros, las leyes marco de residuos; de protección de humedales urbanos; de cambio climático de 2022, ya indicada; de impacto crítico en calidad del aire, de delitos económicos y atentados al medioambiente. Hemos entendido que tenemos un capital natural que también es parte de la economía y sin el cual no existe economía posible.
Hay que asegurar, una evaluación técnica donde el factor político permanezca alejado. Y aquí se produce un debate que es circular, ya que en algún momento la política también tiene que incidir, porque son importantes el empleo y el crecimiento. En la decisión de aprobar o rechazar un proyecto tienen que haber consideraciones políticas que, en todo caso, debieran aparecer antes de la calificación de un proyecto o dentro de sus fases iniciales, a través de las reglas conocidas, y no en el momento final de su evaluación.
La principal tarea del SEA, a partir de lo comentado, consiste en preparar y publicar guías, criterios e instructivos para la evaluación de impacto ambiental, y así restringir la discrecionalidad; es muy importante que los criterios sobre la formulación adecuada de un proyecto y sobre la determinación de sus impactos sean similares y homogéneos en todo el territorio. Lo que se busca es que ingresen mejores proyectos, robustos, bien construidos, a los que les vaya bien: el sistema no está diseñado para rechazar proyectos, de hecho, un 95% son calificados favorablemente.
En la experiencia se observa que los proyectos que tienen un buen acercamiento a las comunidades a las que van a impactar, que hacen participación ciudadana temprana, que tienen un trato honesto y transparente con sus futuros vecinos, que además buscan aplicar las guías y los criterios de evaluación, y que cuentan con el apoyo de buenas consultoras, les tiende a ir bien y sus proyectos tienden a evaluarse de una manera ágil y más fluida.
Cada vez que hay daño ambiental, situaciones de incumplimiento y desviaciones, se genera desconfianza en la ciudadanía. Y también se deja sentir tanto en la evaluación de impacto ambiental y en el número y calidad de las observaciones, como posiblemente en el ánimo de los organismos competentes en evaluación de impacto ambiental.
Destacó la directora Durán, que en América Latina se admira la plataforma que tiene el Servicio, siendo un referente, además de por las guías y criterios. El Servicio no se atrasa, agregó, sino que evalúa en los tiempos legales o menos incluso, y la invitación es que la discusión sea sobre la base de datos reales y que sea honesta; lo que no ocurre cuando se sostiene que los proyectos están retrasados y que no se cumple con los tiempos de evaluación. Es sabido que las demoras se producen porque los proyectos necesitan de más tiempo para poder contestar las preguntas, incluso, en ocasiones, para cambiarlos en el camino.
Se ha reducido significativamente el tiempo de espera de los proyectos en el Comité de Ministros, antes podían pasar dos o tres años y se elegía quizás políticamente cuando un proyecto se llevaba a esta instancia. Hoy en día, el SEA insiste apenas una vez al mes para que los servicios contesten, somos la Secretaría Técnica del Comité de Ministros y cuando está la información tratamos de llevarla al Comité prontamente; el resultado es que ya no hay proyectos que lleven más de un año esperando.
En una mirada hacia el futuro se identificó la tramitación del proyecto de ley que busca reformar y modernizar la evaluación de impacto ambiental. A este respecto, hay algunos consensos, por ejemplo, sobre los recursos legales de las partes -ciudadanos afectados y titulares de un proyecto- o sobre el recurso jerárquico de término anticipado. También se está dando el debate sobre si hay proyectos que debieran o no ser eximidos del sistema o si hay que ampliar o no la calificación de urgencia de los proyectos. Sería deseable que el SEA dispusiese de las facultades que hoy tiene la Superintendencia de Medioambiente, por ejemplo, en dar asistencia para los cumplimientos ambientales o la presentación de los proyectos.