PRESENTACIÓN JUAN PABLO LETELIER
Director del Instituto de Gobernanza del Parlamento Andino y,
director de la Fundación Chile Circular (ex senador de la República)
El principal objetivo de la presentación fue visibilizar tanto el desafío de transitar hacia un nuevo modelo de gestión de los residuos domiciliarios sólidos y asimilables, como las necesidades y oportunidades de inversión en infraestructura, definiéndola como una infraestructura sanitaria 2.0, para diferenciarla del esfuerzo de saneamiento de las aguas servidas con la construcción de plantas de tratamiento.
1. El contexto: algunos antecedentes
El actual contexto considera el desarrollo en paralelo de tres crisis insoslayables que condicionan y obligan a no dilatar decisiones claves en materia de gestión de residuos e infraestructura. Estas serían:
- Crisis climática
- Crisis de biodiversidad
- Crisis de contaminación
En base a ellas han derivado los debates sobre reducción de gases de efecto invernadero, transición energética, carbono-neutralidad y, sobre todo, transición hacia una economía circular o, también denominada, economía verde. Se han generado impactos normativos en diferentes niveles: internacional; nacional con los compromisos-país respectivos, y a nivel local, con la modernización de nuestro marco normativo.
Los países se han obligado a entregar periódicamente su compromiso planetario en los temas de medio ambiente y cambio climático, y en particular sobre residuos. Chile ha respondido, destacando la Ley de Bases de Medioambiente, que estableció desde 1990 que todas las nuevas plantas o lugares de disposición final de la basura requerían ser rellenos sanitarios y tener estudios de impacto ambiental. También, cabe mencionar la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley Marco de Gestión de Residuos.
2. Rellenos insuficientes y amenazados
El problema de la basura es un asunto local, alojado en la Ley Orgánica de Municipalidades, que se ve y se vive como un problema local, lo que lo hace invisible. De aquí lo atingente y preciso que resulta el título de este Diálogo del CPI.
En Chile hay 130 sitios donde se dispone la basura, un 86% de los residuos sólidos domiciliarios se disponen bajo la normativa ambiental vigente y probablemente más del 70% de los municipios manejan sus residuos de una forma sanitaria adecuada. En total, un 80% o más de los residuos generados se disponen también apropiadamente.
La mayoría de los rellenos sanitarios, y aquí comienza uno de los desafíos, tiene fecha de caducidad en el corto o muy corto plazo; ya se pueden observar situaciones como la de Chiloé, donde viajan cientos de kilómetros a botar su basura en Los Ángeles.
Otro gran tema: ¿cuánto gastamos, vía municipalidades, cada año en retirar y botar o disponer la basura? Más de 418.000 millones de pesos. Esto solo en residuos domiciliarios sólidos, a lo que se suman los residuos industriales asimilables. ¿Cuánto recaudan los municipios para el pago de estas cuentas? Muy poco, casi nada. Más del 60% de la población no paga por la extracción de la basura.
3. Recursos frescos, gestión renovada
El BID señala que para enfrentar la emergencia sanitaria hay que invertir unos 476 millones de dólares. Los municipios no tienen ninguna capacidad de financiar la nueva infraestructura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo avanzar? ¿Seguimos haciendo más de lo mismo, es decir, retirar la basura, enterrarla y evitar que contamine parcialmente, o buscamos un nuevo modelo de gestión?
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) ha estado trabajando en buscar una gestión integrada de residuos, separando o procesando orgánico con inorgánico y ver cómo se valoriza. Hoy, sin embargo, hay que indicar que, en materia de reciclaje, no hay más del 4% o 3% de la valorización de los residuos. Hay muchas formas de hacer la gestión integral de residuos y lo importante es que todos estén apuntando a la lógica de la economía circular. No obstante, todas las fórmulas requieren de infraestructura.
4. Insuficiencias y desafíos: hacia una política nacional
Chile tiene todos los acuerdos internacionales al día, fuimos un país líder en el tema de residuos en la reunión de Bakú, pero no disponemos de una política nacional para transitar a un nuevo modelo de gestión de residuos. Se refleja, entre otras cosas, en que hay cero pesos en la Ley de Presupuestos para tratar el tema de residuos.
Se subrayó que no hay un correlato financiero con la urgencia, ni gobernanza, ni una autoridad nacional a la cabeza, ni coordinación a la altura. Respecto al compromiso internacional con la ley de residuos orgánicos, la cual obligará a separarlos: ¿van a tener que pagar los municipios por esto?; ¿con qué recursos?; ¿con qué infraestructura?; ¿con compostaje? Armar una planta de compostaje industrial no es una cosa sencilla de operar.
Parece natural que los Gobiernos Regionales jueguen un papel importante, pero no se les ha dado la musculatura para hacer esta labor. Se necesita una industria sanitaria 2.0 con concurrencia pública-privada y donde los privados tienen mucho que aportar; en primer lugar, financiamiento.
5. Colaboración y urgencia
Se necesita una industria sanitaria que encabece el desarrollo de esta infraestructura habilitante de la economía circular, así como la colaboración de instituciones, como el CPI, para levantar las bases de una política pública; y de aquellas instituciones financieras multilaterales que puedan concurrir -la CAF y el BID-, sobre el entendido que hay que desarrollar una industria nueva y modernizar las normas, generando los incentivos adecuados.
No se trata, por tanto, de nuevos estudios de impacto ambiental que demoren seis o siete años -no hay tiempo-, se necesita enfrentar esta emergencia, se requiere de una política pública y la voluntad política para alinear las normas con el objetivo de levantar una nueva industria sanitaria con su infraestructura habilitante.